Acuerdos de fondo en materia sanitaria

En los últimos años nos hemos acostumbrado a que la Sanidad sea una de las áreas en las que en España se producen más conflictos entre administraciones.

Uno de esos conflictos lo ha cerrado reciente una sentencia del Tribunal Constitucional que, a raíz de un recurso presentado por el Parlamento de Navarra frente a diferentes artículos de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, ha anulado parcialmente el artículo 3.3 de dicha Ley; en lo relativo a que quienes no tengan la condición de “asegurados” en los términos previstos en la misma, deban acreditar que no superan el límite de ciertos ingresos para poder tener acceso en España a prestaciones sanitarias con cargo a fondos públicos.

No obstante, los ejemplos de desacuerdos entre el gobierno central y los de las comunidades autónomas, en materias como la composición de la cartera de servicios de la sanidad pública o los sistemas de selección de medicamentos financiados mediante la realización de subastas, todavía siguen siendo numerosos.

Por otra parte, la Sanidad también es uno de los ámbitos en los que con frecuencia se producen cambios normativos de mayor calado en función de las políticas de quien ocupa el gobierno del país. Para comprobarlo, únicamente es necesario repasar los programas de los partidos en las últimas elecciones generales y las declaraciones de sus representantes en las negociaciones para formar gobierno; donde se observan importantes diferencias en materias tan relevantes como el copago farmacéutico, el alcance de la prestación sanitaria, los mecanismos para llevar a cabo la adquisición pública de medicamentos, la inclusión en la prestación farmacéutica de innovaciones terapéuticas o la preferencia de los genéricos en la dispensación.

Tales situaciones han generado una situación de incerteza sobre el recorrido futuro y la estabilidad en la aplicación en ciertas normas en materia sanitaria que provoca que la convivencia del sector farmacéutico con su marco normativo sea realmente compleja.

Conviene recordar que uno de los principios en los que se asienta el desarrollo de cualquier sociedad moderna es el de la seguridad en el contenido y la aplicación de sus normas. La industria farmacéutica no es una excepción y difícilmente se le puede exigir que asuma ciertos esfuerzos y sea uno de los motores de la recuperación y el cambio de modelo económico del país, cuando los conflictos y vaivenes normativos que afectan al sector son de la frecuencia y el calado de los que hemos vivido en los últimos años.

Por ello, ante la recurrente demanda social al respecto de que los partidos políticos alcancen un acuerdo para formar gobierno en España, creo que es importante también reclamar que tales acuerdos no se limiten a la formación de un ejecutivo, si no que, en materias tan relevantes como la Sanidad, incluyan compromisos de fondo que, con los lógicos ajustes que sean necesarios cuando existan situaciones que objetivamente lo requieran, permitan confiar en que los elementos esenciales de nuestra regulación gozarán de cierto grado de estabilidad.