Los tribunales ponen orden en el sector

Juan Suárez

EL GLOBAL

El pasado jueves tuve el placer de asistir a una interesantísima jornada sobre nuevas propuestas en materia de financiación de fármacos y tecnologías sanitarias, organizada por la International Society for Pharmaeconomics Outcomes Research. Todos los ponentes, como era de esperar, rayaron a enorme altura -magistral, por citar tan sólo un ejemplo, el repaso del profesor Félix Lobo a los indicadores macroeconómicos y su eventual impacto en la sostenibilidad del sistema sanitario- y las distintas sensibilidades dentro del sector estuvieron plenamente representadas gracias a la soberbia organización del Capítulo español de la ISPOR. Coincidieron los intervinientes en la necesidad de incorporar la evaluación del coste-efectividad de la innovación en el proceso de toma de decisiones, así como de garantizar la transparencia, independencia y predictibilidad de dichos procesos de decisión. El optimismo también fue generalizado al destacarse el potencial de nuestro país en este campo, y el músculo que pueden aportar a esta labor la colaboración en red de las distintas agencias, organismos y comités que han venido proliferando a nivel regional en las últimas décadas.

Si me lo permiten, añadiría a lo anterior una modesta reflexión personal. Y es que un funcionamiento óptimo de dicho sistema precisaría inexcusablemente de un alto grado de cooperación y lealtad entre los organismos implicados, de forma que no se multipliquen las evaluaciones en paralelo por distintos entes, pudiendo quedar comprometida la equidad del sistema.

Prueba de ello es que la recesión que nos ha venido azotando en los últimos años ha resultado realmente dañina en este sentido, y los recortes presupuestarios que han debido acometer los sistemas sanitarios autonómicos han terminado traduciéndose en ocasiones en iniciativas de encaje legal cuando menos discutible que afectan en mayor o menor grado a la igualdad en el acceso de los pacientes a las prestaciones del sistema nacional de salud en función del territorio donde residen.

En este campo, y si bien el Constitucional ha terminado respaldando la adecuación al bloque de constitucionalidad de iniciativas tales como el cataloguiño gallego o las subastas andaluzas, los tribunales han empezado a poner coto a otros excesos que, bajo pretexto de la necesaria contención presupuestaria, venían a despojar a los pacientes de derechos que nuestro ordenamiento les reconoce sin ambages. Así, en las últimas semanas se han sucedido sendas sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa que vienen a poner fin al recurso a usos off-label de medicamentos que se venía haciendo en algunas comunidades autónomas como herramienta de gestión económica, presionando de forma más o menos explícita a los facultativos para prescribir medicamentos más baratos en indicaciones que no tenían autorizadas pese a existir medicamentos específicamente evaluados y autorizados para dicho fin.

Los tribunales han declarado dichas prácticas inaceptables, subrayando que independientemente de la bondad de los objetivos perseguidos, los problemas presupuestarios no constituyen razón legítima para desoír la prohibición de este tipo de prácticas por razones meramente economicistas que impone nuestro ordenamiento para la protección de la salud. Una excelente noticia, sin duda, tanto desde el punto de vista de los intereses de los pacientes como desde el de la seguridad jurídica.

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