La publicidad de los medicamentos o la eterna asignatura pendiente

Juan Suárez

El Global

La intervención de las nuevas responsables de Sanidad y de Hacienda en las comisiones correspondientes del Congreso, hace escasas fechas, ha abordado buena parte de los asuntos candentes en los que esperábamos conocer la postura del nuevo Gobierno. A las políticas de recuperación de la sanidad universal y de eliminación de copagos, ya conocidas, se han sumado importantes anuncios para el sector farmacéutico, cuales son la intención del Gobierno de potenciar las compras centralizadas, el reforzamiento del papel del Informe de Posicionamiento Terapéutico a fin de facilitar decisiones de financiación y evitar reevaluaciones, la medición de resultados en salud, o el diseño de una estrategia para la introducción temprana de la innovación disruptiva. Todo ello combinado con la potenciación del papel de genéricos y biosimilares en nuestro mercado.

Un buen ramillete de iniciativas importantes, qué duda cabe, pero que no deben distraernos de la necesidad de seguir avanzando en otras cuestiones, quizás más mundanas, pero igualmente importantes para el sector por cuanto afectan a sus actividades del día a día. Una de las asignaturas cuya superación está demorándose en demasía es el abordaje de una regulación más afinada de las actividades de promoción de los medicamentos en nuestro país. La regulación actual se contiene en un marco normativo a todas luces obsoleto, como evidencia el hecho de que data en buena medida de hace casi tres décadas. Hasta el momento, salvo por la supresión del trámite de autorización previa de la publicidad dirigida al público, las iniciativas de las autoridades estatales y autonómicas se habían limitado esencialmente a la adopción de meras guías y recomendaciones. No es de extrañar, pues, la satisfacción con la que se recibió, a finales del pasado ejercicio, el anuncio de que el nuevo decreto sobre publicidad de medicamentos de uso humano constituiría una de las prioridades normativas del Ministerio de Sanidad.

Pese al tiempo transcurrido, no ha habido novedades sobre el estado de tramitación del proyecto ni sobre sus líneas generales. Confiemos en que las urgencias que inevitablemente conlleva todo cambio de guardia en las altas esferas no se traduzcan, sin embargo, en una nueva demora en la aprobación de la nueva normativa. No sólo por la conveniencia de actualizarla, sino por la perentoria necesidad de adaptar este marco regulatorio a los profundos cambios que las nuevas tecnologías de la información han introducido en la forma de comunicarse de la sociedad y de la propia comunidad sanitaria. Hace varias semanas, esta publicación se hacía eco de la escasa implantación de la venta on-line de medicamentos en nuestro país, pese a los tres años transcurridos desde que se dio luz verde a estas actividades. A las causas ya apuntadas en el artículo que recogía la noticia, me permito añadir modestamente la ausencia de un marco normativo moderno y claro que anime el emprendimiento de más iniciativas en este campo. En nuestra mano está eliminar algunos de estos obstáculos.

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